Nación | 2015/12/05 20:00
¡Hay que defender al galeón San José!
El gobierno nacional abre un complejo proceso para protegerlo de los intereses de las empresas rescatistas y de otros países que buscarán quedarse con sus tesoros.
Desde que el galeón San José se hundió frente a las islas del Rosario en la tarde del 8 de junio de 1708, con una carga de 11 millones de monedas de oro y casi 200 toneladas de esmeraldas, barras y lingotes macizos de oro y plata, muchos han soñado con rescatarlo. Y todo parece indicar que después de 300 años el tiempo de rescatar al San José y toda su carga llegó.
El viernes en la noche el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país cuando trinó en su cuenta de Twitter: “Gran noticia: ¡Encontramos el galeón San José! Mañana daré los detalles en rueda de prensa desde Cartagena”. Su anuncio generó todo tipo de especulaciones e interrogantes. No era para menos si se tiene en cuenta que ese galeón es el naufragio más valioso del Caribe y probablemente del mundo, y que detrás no solo hay un largo pleito con una empresa gringa, sino que España, Perú y Panamá, así como algunos de los descendientes de sus 300 pasajeros y tripulantes aspiran a quedarse con toda o una parte de su multimillonaria carga.
Por eso, desde ya, varios expertos consideran que la decisión de rescatar al San José no será un camino fácil. No lo ha sido desde que en 1984 el gobierno de Belisario Betancur desató una puja entre compañías de cazatesoros mundiales y varios países al anunciar que iba a ubicar y rescatar ese navío. Sin embargo, el sueño de muchos terminó cuando se supo que la empresa Glocca Morra Company, tras hacer varias exploraciones en el Caribe, había denunciado en 1982, ante la Dimar, haber encontrado unos restos que parecían ser del San José. Y que, por tratarse de una especie náufraga, reclamaba la mitad de la carga, tal y como lo establecía la ley. Lo curioso, que ahora es objeto de una acción popular contra ese denuncio, es que la Dimar le reconoció ese derecho a pesar de que nunca verificó el hallazgo o si en las coordenadas denunciadas yacía realmente el San José.
Un par de años después la Glocca le cedió sus derechos a la firma norteamericana Sea Search Armada (SSA), cuyos accionistas son poderosos empresarios y políticos estadounidenses. Frente a este hecho, el gobierno de Betancur decretó que SSA ya no tenía derecho a la mitad de la carga sino al 5 por ciento, lo que llevó a la empresa a demandar al Estado para exigir la mitad a la que creía tener derecho.
Esa pelea, que se paseó por casi 20 años en juzgados, tribunales y hasta en la Corte Constitucional, terminó en 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que la SSA sí tenía derecho a la mitad, pero no de toda la carga, sino de lo que no fuera patrimonio de los colombianos. Es decir, a especies repetidas o sin valor comercial, como algunas de las monedas o lingotes.
Con ese revés, que bajaba sustancialmente sus pretensiones, la empresa buscadora de tesoros demandó en 2010 en Estados Unidos al gobierno de Colombia para que la indemnizara y le pagara ya no la mitad sino la totalidad de la carga, la que estimó en 17.000 millones de dólares. En 2011, la Corte del Distrito de Columbia falló en primera instancia a favor del país y rechazó todas las pretensiones del demandante; y el 8 de abril de 2013 Colombia ganó la batalla definitiva cuando la corte de apelaciones de Washington D. C. le dio la razón.
Pese a que la justicia gringa le cerró las puertas, la Sea Search Armada aún tiene un gran botín por reclamar, sin haber hecho mucho. Desde hace varios años en el mundo hay un gran debate no solo sobre la propiedad de los barcos sumergidos en aguas territoriales, sino sobre si sus cargas son patrimonio de los países y de la humanidad o pueden ser considerados simplemente tesoros.
Por una parte, países como España consideran que sus embarcaciones, en especial si eran militares, tienen inmunidad y siguen siendo suyas sin importar donde estén ni cuánto tiempo haya pasado, en lo cual Estados Unidos la apoya. Esta posición se cruza con la que defienden algunos países y expertos que plantean que es mejor dejar los navíos donde están, pero que en caso de rescatarlos deben permanecer en museos con toda su carga pues son patrimonio de la humanidad. Y también están las grandes empresas rescatistas que plantean que todo lo recuperado de esos barcos constituye bienes comerciales, tal y como sucedió con el Titanic.
El caso ocurrido en 2007 con la compañía Odyssey Marine Exploration ilustra lo complejo de la situación. Esa empresa rescató cerca de 594.000 monedas de oro y plata de una embarcación cerca a Gibraltar y se las llevó a Estados Unidos donde las denunció como suyas. España, tras indagar a fondo el tema, encontró que la carga provenía de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, de 34 cañones, que llegaba de Perú en 1804 cuando fue hundida. Por tratarse de un navío de guerra, el Estado español demandó que le devolvieran la carga. En 2009, el Tribunal Federal de Tampa falló a su favor, y la Corte Federal de Apelaciones de Atlanta ratificó la decisión. Finalmente, la Corte Suprema negó cualquier pretensión de la firma cazatesoros y ordenó entregar todo lo rescatado a España. En febrero de 2012, dos aviones Hércules del Ejército del Aire transportaron el botín a la península. Eso indicaría que, como en esa época prácticamente todos los navíos iban armados, como el San José, España podría exigir que le devuelvan lo que aún considera suyo.
Para tratar de buscar un punto intermedio, el gobierno nacional decidió jugársela en 2013 al promulgar la Ley 1675 que busca proteger el Patrimonio Cultural Sumergido, pero a la vez incentivar a los privados para que rescaten las embarcaciones sumergidas. La ley faculta al Ministerio de Cultura para contratar directamente los trabajos para ubicar, rescatar, conservar y aprovechar los naufragios. Se estableció que una vez termine el rescate, una comisión de expertos deberá determinar qué tanto de lo hallado es patrimonio de la Nación, como las piezas únicas y las embarcación en sí, que deberá guardar para la memoria del país, pero podrá vender las monedas, perlas, piedras o barras de oro y plata y bienes comerciales repetidos o que no tengan un valor patrimonial.
Y ese es el debate que de nuevo abrió el presidente al anunciar que saldrá a rescatar el San José: qué tanto será considerado patrimonio de la nación inenajenable por orden de la Constitución, y qué se le reconocerá a la SSA y a los rescatistas.
Antonio José Rengifo, profesor de la Universidad Nacional y doctor en derecho del mar, dijo que pese al anuncio del presidente Santos, la situación del San José se encuentra lejos de estar definida, por eso “es aconsejable que el Estado sanee su situación jurídica y lo blinde de las presiones internacionales que se avecinan”.
Su naufragio
El galeón San José fue construido en 1698. En 1708 partió de Cartagena de Indias rumbo a Cádiz acompañado de una flotilla de 20 naves. Iba con buen tiempo, al menos lo suficientemente despejado para que sus 66 cañones pudieran apuntar con precisión en caso de tener que defender su carga: 11 millones de monedas de oro, cerca de 200 toneladas de plata, esmeralda y otros tesoros, y cerca de 300 personas.
Cuenta la historia que por cada baúl de tesoros se llevaban otros dos con piedras y solo el capitán del San José y el comandante de la guarnición de Cartagena sabían a ciencia cierta el detalle de la carga del galeón, cuyo cuaderno de bitácora se conserva en Sevilla y ha sido la fuente de quienes se interesan por el contenido de la nave. Fuera del registro quedaron las pertenencias de más de 300 personas que emprendieron el viaje, entre ellas los familiares del virrey del Perú.
Cerca de las islas del Rosario la flota se encontró con una escuadra del Imperio británico comandada por el capitán Charles Wagner, y comenzó la batalla. Cuando el San José se enfrentaba con el Expedition, una fuerte explosión hizo que se fuera a pique muy pronto. Eran las cinco de la tarde según los registros de Lyon, uno de los más cotizados historiadores navales contemporáneos.
El galeón llevaba una carga importantísima, destinada a rellenar las arcas del rey Felipe V, quien enfrentaba la guerra de sucesión y tenía varios años sin recibir las riquezas de sus colonias de América, parte importante de las cuales quedaron en el fondo del Caribe, cerca de Cartagena.
